¿Qué es el delegado de Protección de datos?

El “Delegado de Protección de Datos” o, en inglés, “Data Protection Officer”(DPO), es una nueva figura, especialista en protección de datos. Esta figura será designada atendiendo a sus cualidades profesionales y en particular a sus conocimientos especializados del Derecho y la práctica en materia de Protección de datos.

¿Qué funciones tiene el Delegado de Protección de Datos?

El delegado de protección de datos actuará como interlocutor del responsable o encargado del tratamiento ante la Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos. El delegado podrá inspeccionar los procedimientos relacionados con el objeto de la ley orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) y emitir recomendaciones en el ámbito de sus competencias.

Cuando se trate de una persona física integrada en la organización del responsable o encargado del tratamiento, el delegado de protección de datos no podrá ser removido ni sancionado por el responsable o el encargado por desempeñar sus funciones salvo que incurriera en dolo o negligencia grave en su ejercicio. Se garantizará la independencia del delegado de protección de datos dentro de la organización, debiendo evitarse cualquier conflicto de intereses.


 

¿Quién debe designar un delegado de protección de datos?

1.   Los responsables y encargados del tratamiento deberán designar un delegado de protección de datos y en todo caso, cuando se trate de las siguientes entidades:

a)   Los colegios profesionales y sus consejos generales.

b)   Los centros docentes que ofrezcan enseñanzas en cualquiera de los niveles establecidos en la legislación reguladora del derecho a la educación, así como las Universidades públicas y privadas.

c)   Las entidades que exploten redes y presten servicios de comunicaciones electrónicas conforme a lo dispuesto en su legislación específica, cuando traten habitual y sistemáticamente datos personales a gran escala.

d)   Los prestadores de servicios de la sociedad de la información cuando elaboren a gran escala perfiles de los usuarios del servicio.

e)   Las entidades incluidas en el artículo 1 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.

f)    Los establecimientos financieros de crédito.

g)   Las entidades aseguradoras y reaseguradoras.

h)   Las empresas de servicios de inversión, reguladas por la legislación del Mercado de Valores.

i)    Los distribuidores y comercializadores de energía eléctrica y los distribuidores y comercializadores de gas natural.

j)    Las entidades responsables de ficheros comunes para la evaluación de la solvencia patrimonial y crédito o de los ficheros comunes para la gestión y prevención del fraude, incluyendo a los responsables de los ficheros regulados por la legislación de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

k)   Las entidades que desarrollen actividades de publicidad y prospección comercial, incluyendo las de investigación comercial y de mercados, cuando lleven a cabo tratamientos basados en las preferencias de los afectados o realicen actividades que impliquen la elaboración de perfiles de los mismos.

l)    Los centros sanitarios legalmente obligados al mantenimiento de las historias clínicas de los pacientes.

Se exceptúan los profesionales de la salud que, aun estando legalmente obligados al mantenimiento de las historias clínicas de los pacientes, ejerzan su actividad a título individual.

m)  Las entidades que tengan como uno de sus objetos la emisión de informes comerciales que puedan referirse a personas físicas.

n)   Los operadores que desarrollen la actividad de juego a través de canales electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos, conforme a la normativa de regulación del juego.

ñ)   Las empresas de seguridad privada.

o)   Las federaciones deportivas cuando traten datos de menores de edad.